Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La OMS define la discapacidad como “toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible”.
Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 9% de la población total. Según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, en nuestra comunidad autónoma hay casi 585.000 personas con discapacidad.
Son muchos los aspectos que se deben adecuar y mejorar para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública, laboral y social. No obstante, queremos hacer mención de las últimas conquistas de derechos logradas por los colectivos, asociaciones y centros de personas con discapacidad, así como los principales problemas que encuentran en su día a día.
En primer lugar, es necesario mencionar el Anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Dicha reforma lleva pendiente doce años, pues se trata de adaptar nuestro Ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El Anteproyecto supone un cambio radical, pues no solo contiene una modificación conceptual (aún hay normativas que se refieren a las personas con discapacidad como minusválidos); sino un nuevo enfoque en la asistencia y apoyo a personas con discapacidad, "se establecen medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de la capacidad jurídica, dichas medidas tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad".
Dichas figuras de apoyo, son las que ya venían recogidas en la legislación actual: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Relegando a los casos más graves la institución de tutela.
Se trata de dotar a la persona con discapacidad de herramientas que complementen su actuación, dando plena relevancia a su autonomía y estableciendo medidas acordes a su situación que no obstruyan o coarten el ejercicio de los derechos civiles que todo ciudadano tiene reconocidos.
Una de las principales novedades del Anteproyecto es el establecimiento de revisiones periódicas. Con el transcurso del tiempo, las patologías y las habilidades cambian, y al igual que ocurre con el grado de discapacidad o la situación de dependencia, la modificación de la capacidad y la figura de apoyo debe ser revisada. Según lo establecido en el Anteproyecto, "las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas en el plazo en que en ella se disponga y, en todo caso, en el plazo máximo de tres años, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria".
En segundo lugar, debemos tener en cuenta el reconocimiento de derechos que supone la eliminación de la esterilización forzosa de las personas con discapacidad.
A mediados de octubre del año en curso, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Hoy, 3 de diciembre, ha sido el Senado el que ha dado luz verde a dicha proposición de Ley, por lo que, en los próximos días el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de que las personas con discapacidad que precisen de apoyos, cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formatos accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada, y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.
En tercer lugar, debemos mencionar uno de los principales escollos que encuentran las personas con discapacidad, y no es otro que acceder al mundo laboral. Tener un puesto de trabajo es vital para las personas con discapacidad, pues además de conseguir una independencia económica, favorece su integración social y promueve su desarrollo personal.
Si tenemos en cuenta las cifras del año anterior relativas a empleo y paro, observamos que solo el 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la del resto de la población. Además, la tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
Teniendo en cuenta la situación económica provocada por la pandemia del Coronavirus, observamos como el empleo de las personas con discapacidad se ha visto muy reducido. Así, si en 2019 se firmaron 264.551 contratos de trabajo, en 2020 la cifra de contrataciones es de 179.889.
En último lugar, debemos hacer hincapié en las dificultades añadidas que ha supuesto la pandemia para las personas con discapacidad. Debemos recordar que es esencial el mantenimiento de sus rutinas, la asistencia a centros especializados, así como el contacto con terceros para favorecer el desarrollo personal y de habilidades. Pues bien, el aislamiento domiciliario, el distanciamiento social y el uso de mascarilla dificultan enormemente dichas actividades habituales, así como sus posibilidades de comunicación (piénsese en personas ciegas o sordas); y el miedo al contagio, las restricciones a la movilidad y la soledad pueden generar problemas de ansiedad, estrés y depresión.
Así, según la encuesta sobre las consecuencias de la crisis del COVID-19 entre las personas con discapacidad de España realizada por la Fundación ONCE y DISNET, un 11% de los discapacitados –la mayor parte con más de 45 años– estuvieron viviendo solos durante el confinamiento. Y el 34% de los encuestados (más de 14.000) afirmó haber consumido ansiolíticos y/o antidepresivos durante este periodo.
Desde MPC queremos mostrar todo nuestro apoyo a las personas con discapacidad, así como a las asociaciones y colectivos que reclaman sus derechos para que, algún día, pueda hablarse de una inclusión total y efectiva.
Asimismo, queremos comunicar que en el momento que la situación sanitaria lo permita, volveremos a impartir jornadas informativas sobre la protección jurídica de las personas con discapacidad.
Infórmese de sus derechos y proteja sus intereses.
María Pérez Cobos
Abogada
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